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AFP
Berlusconi va por una justicia conveniente para su gestión, manejable y, sobre todo, que lo exima de alguna causa pendiente en su contra.
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Vera Gonçalves de Araújo
Roma, Italia
El mes pasado, Silvio Berlusconi (71) se presentó ante los parlamentarios italianos recién electos como un hombre de diálogo, con las cualidades de un verdadero estadista. Luego de ganar las elecciones políticas por tercera vez desde 1994, en su discurso de asunción Berlusconi aseguró que los ciudadanos italianos están cansados de "peleas inútiles", elogiando "el aire de cambio que se puede respirar a pulmones llenos" y el "deseo compartido" de trabajar con la oposición para transformar el país.
El martes 10 de octubre el líder de la oposición, el secretario del Partido Demócrata Walter Veltroni, que parecía creer en esta versión inédita de Silvio Berlusconi, fue obligado a cambiar de idea. "El diálogo se acabó, no se logró nada". Esto fue porque seis semanas después de volver a ocupar el despacho de Primer Ministro en el Palacio Chigi, el Cavaliere decidió lanzar una nueva ofensiva contra la Justicia y contra sus representantes, los jueces.
En el contexto de un paquete de medidas contra la inseguridad en las ciudades italianas, la mayoría de derecha decidió insertar, a último momento, una enmienda que prevé la suspensión por un año de los procesos por delitos menores, entre los cuales está el proceso por corrupción contra el actual Presidente del Consejo de Ministros.
La enmienda, que fue aprobada el miércoles en el Senado al margen de los senadores de la oposición de izquierda que, para protestar, habían abandonado las bancas, fue bautizada por los opositores como "salva primer ministro" y de hecho, prevé prioridad para los procesos más graves y más recientes. Los que se refieren a delitos cometidos antes del 30 de junio de 2002 quedarán en suspenso por un año. Entre ellos, el que involucra a Silvio Berlusconi, acusado de corrupción en un tribunal de Milán (le pagaron 600.000 euros como "honorario de incentivo" a David Mills, un abogado inglés que, con su falso testimonio, logró que fuera declarado inocente en otro proceso).
En una carta enviada al presidente del Senado, el jefe de gobierno italiano reconoció públicamente que la medida se le aplicaría a sí mismo. Pero aprovechó para denunciar "uno de los innumerables procesos de fantasía que los magistrados de extrema izquierda armaron contra mí con fines políticos" y anunció, de paso, que pretende recusar a Nicoletta Gandus, la jueza a cargo del proceso, por "enemistad personal y grave".
Los abogados del primer ministro aclararon el motivo de tanta enemistad: meses atrás, ella suscribió una solicitada que condena la política de represión violenta y de embargo económico llevados a cabo por el gobierno de Israel contra el pueblo palestino. Los abogados olvidaron informar que la jueza es judía y que la solicitada únicamente fue suscripta por judíos "en nombre del pueblo hebreo".
Un sindicato de magistrados denunció una "herida irreparable al estado de derecho". Pero a pesar de las críticas, Silvio Berlusconi pretende seguir adelante. Ya tiene preparado un proyecto de ley para introducir la inmunidad judicial para hombres y mujeres del gobierno, durante el ejercicio de sus mandatos. El próximo paso podría ser el derecho de los reos (no de todos, que quede claro) de elegir sus jueces.
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