Crecen las agresiones y excesos contra la prensa en Bolivia

AFP Las críticas del presidente boliviano a algunos medios generaron malestar entre los periodistas. Evo Morales les recomendó que hagan una autocrítica de su trabajo.

Helen Álvarez Virreira
La Paz, Bolivia

El Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo, encontrará a Bolivia un panorama complicado que incluye el asesinato de un reportero de radio y agresiones a periodistas que van en aumento y siguen en la impunidad, división en el gremio de informadores por la propuesta de nueva constitución e intentos oficialistas de controlar la información.

Formalmente no existen restricciones a la libre expresión, pero en los medios de comunicación se ve censura, autocensura y medias verdades, entre otros mecanismos de la desinformación. Para el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Remberto Cárdenas, actualmente "hay agresiones contra periodistas, desde la derecha y la izquierda, que parece que buscan limitar el derecho a la palabra". Pero él va más allá y opina que crisis mediática que también se observa en el país se refleja, por ejemplo, en el hecho de que algunos periodistas, incluidos los de los medios públicos, "hacen más de lo que les piden los dueños" y difunden información tergiversada o incompleta que genera más incertidumbre de la que ya existe.

Cárdenas considera que en un momento de conflicto como el que vive Bolivia, cuando "se mata a la verdad o se lo intenta", los periodistas "más que nunca tendrían que informar con veracidad, opinar con responsabilidad e interpretar con ética". Reconoce que hacerlo no es fácil, "ya que muchos periodistas bolivianos han asumido la línea de los medios para los que trabajan". También sostiene que es "adecuado" el artículo 108 del proyecto de Constitución Política del Estado, donde se establece que "la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad".

Diferente es el criterio del presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Renán Estenssoro, quien ve un riesgo en esa propuesta. "Preocupa que un ente se vaya a constituir para definir lo veraz y lo no veraz, porque si esto está legislado tiene que haber alguien que diga qué es lo veraz". Esa también es la posición de la Asociación Nacional de la Prensa que aglutina a los propietarios de diarios.

El directivo de los periodistas de La Paz percibe una falta de presencia del Estado que está atentando contra la libertad de expresión. "Tenemos problemas en varias poblaciones, en varias localidades donde la gente no puede manifestarse con libertad" y donde las posiciones contrarias al Gobierno o a otros grupos de poder son respondidas con agresiones. Muchas de estas manifestaciones, dice, "han partido y han sido alentadas por el mismo Gobierno, que desde el inicio de su gestión ha criticado el trabajo de los medios de comunicación, poniendo en riesgo la integridad de los periodistas". Pero también lamenta los ataques a medios -públicos y privados- que han sido identificados como progubernamentales. Esto ocurre, en su criterio, porque algunos medios son utilizados políticamente o esconden intereses políticos. Estenssoro sostiene que tiene que primar "la libertad de prensa", aunque también observa que "se está abusando de la libertad de expresión". Para preservar la libertad de expresión, la Asociación de Periodistas de La Paz, junto a otras instituciones, está impulsando el Tribunal de Ética, para que la gente plantee sus quejas y esa instancia pueda actuar de oficio, velando por la buena calidad del periodismo.

Para el gobierno boliviano, hay "libertinaje"

Por su lado, el vocero oficial del Gobierno, Iván Canelas, asegura que en el país sí existe libertad de expresión y de eso "son testigos no sólo los periodistas, sino también la ciudadanía y los líderes políticos, que pueden expresar libremente sus visiones. Es tan amplia esta libertad que hasta se genera una especie de libertinaje, con comentaristas que insultan a las autoridades o se expresan con un lenguaje no adecuado".

El mes pasado, un instructivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones causó revuelo entre algunos medios y organizaciones de periodistas, ya que se prohibía la difusión de información que, aunque fuera auténtica, "pueda dañar o alarmar a la población por la forma y oportunidad de su difusión". La orden fue retirada, pero el Vocero aclara que se trataba de disposiciones que están vigentes desde la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, en julio de 1995, y que no se las cumplía. Ahora, para evitar susceptibilidades, el senador oficialista Antonio Peredo está preparando un proyecto para anular las normas que atenten contra la libertad de expresión.

Canelas discrepa con Estenssoro, que afirmó que las críticas del presidente Evo Morales a algunos medios han generado animadversión hacia los periodistas. "Es una exageración", dijo, y recomendó a los medios que hagan una autocrítica de su trabajo, "porque la gente se da cuenta cuando la información es manipulada o tergiversada".

Más y peores agresiones

De acuerdo al recuento que hizo Reporteros Sin Fronteras, en 2007 se registraron en Bolivia "60 agresiones a periodistas y una decena de ataques a distintas redacciones", lo que hacía temer a la organización "una polarización de los medios de comunicación, a imagen y semejanza de la que existe en la sociedad". Y su previsión prácticamente se cumplió.

En lo que va del año, en orden cronológico, hubo agresiones de parte de los pobladores contra los periodistas que cubrían un triple linchamiento en Epizana, en Cochabamba; integrantes del comité cívico popular, organización afín al Gobierno, agredió a los informadores que reportaban sobre gresca con los denominados "pacifistas", contrarios al Gobierno; dos medios públicos fueron atacados por grupos de oposición y hubo destrucción de equipos; contrarios al Alcalde de Pucarani, localidad del departamento de La Paz, destruyeron la radio municipal y golpearon brutalmente al periodista Carlos Quispe, quien falleció dos días después; dos periodistas fueron secuestrados y agredidos por grupos afines a terratenientes en Santa Cruz, entre los hechos más graves.

El Vocero sostiene que esos son riesgos que se asumen en el ejercicio de funciones, aunque el Gobierno condena este tipo de actitudes que han sido recurrentes en los últimos meses y que se han extendido en todo el país.

Sobre el caso específico de Carlos Quispe, informó que se instruyó al Ministerio Público que realice una investigación de oficio para sancionar este delito y que se ha pedido a las organizaciones de periodistas que se conviertan en la parte coadyuvante, hasta ahora sin resultado.

Cárdenas explica que están en pleno proceso de conformar una comisión que se constituya en la parte civil del proceso y que simultáneamente organizaciones de derechos humanos están investigando los hechos ocurrido en Pucarani. De todas maneras admite que, como confederación, es poco lo que se está haciendo, porque la denuncia ya es insuficiente. Y cree que a pesar de lo poco que se asimilan las permanentes reflexiones en el gremio, "hay que insistir en la crítica y la autocrítica para entregar un mejor trabajo a la sociedad y que esta crisis de los medios permita una renovación del periodismo en Bolivia".

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