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Techint no acuerda indemnización con gobierno venezolano

AFP
Hugo Chávez sostiene que, más allá de cifras, la "toma de control" de Sidor se hará en forma conjunta con los trabajadores.

Marianna Párraga
Caracas, Venezuela

El paso previo necesario para ejecutar una expropiación según la legislación venezolana, la declaratoria de utilidad pública de la empresa involucrada, fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional para el caso de la Siderúrgica del Orinoco, dejando prácticamente sin chances de revisión a los actuales accionistas extranjeros de la empresa, el Grupo Techint de Argentina.

"Se declara de utilidad pública e interés social la obra Centro de Producción Siderúrgico del Orinoco, destinada a fortalecer el sector nacional estratégico de la industria de transformación del mineral de hierro en acero en sus diversos productos: planchones, pellas, lingotes, poligonales, láminas lisas y estriadas, bobinas en caliente, alambrón, palanquillas, barras de refuerzo o cabillas, entre otros; su distribución y comercialización así como la protección y generación de fuentes de ocupación", dice el texto.

Las acciones de la sociedad mercantil Sidor también fueron declaradas de utilidad pública. La resolución del Parlamento se dio en medio de la celebración de una reunión en la Vicepresidencia para definir la indemnización que se realizaría por las acciones de Ternium, filial de Techint, negociación que no se ha suspendido hasta ahora, pese a que ha habido grandes desencuentros entre el monto que espera recibir la empresa argentina -unos 2 mil millones de dólares- y los 800 millones de dólares que quiere pagara el gobierno venezolano.

Aunque los voceros de la compañía han insistido en afirmar durante los últimos días que desean permanecer en la empresa en calidad de socios minoritarios, la decisión final al respecto la tiene el Presidente Hugo Chávez, quien tras amenazar en varias oportunidades a los accionistas de la compañía, este año le ordenó al vicepresidente Ramón Carrizález estatizar la acería.

Las razones por las cuales finalmente se ejecuta la estatización no están del todo claras. Mientras algunos diputados involucrados en el proceso acusan distorsiones laborales, en medio de una prolongada pelea por la firma del contrato colectivo de la empresa, otros han afirmado sin bemoles que los pactos a los que llegaron los accionistas y el gobierno venezolano en materia de suministro al mercado interno no se han cumplido, a pesar de las constantes inyecciones de recursos estatales aprobadas para la compañía.

Trabajadores dan un paso

El contrato colectivo de Sidor 2008-2010, que acumulaba meses de negociación en medio de un clima de creciente tensión, fue finalmente firmado el martes pasado en un acto encabezado por el Presidente Chávez y por José Acarigua Rodríguez, presidente de Sutiss, el sindicato que agrupa a los trabajadores de la acería. Se trata del primer paso que da formalmente el Ejecutivo asumiendo el rol de dueño de la empresa y sus resultados ya comienzan a generar polémica. Mientras los trabajadores calificaron a la convención como "la mejor en años", Chávez no perdió la oportunidad para adelantar que los costos operativos de la empresa definitivamente se verán impactados este año por la nueva contratación, cuyos términos específicos aún no se han difundido.

"Las utilidades de este año van a ser menores de lo que estaba estimado por la gerencia capitalista, pero es que nosotros no vemos esto con el lente del capitalismo: producir y producir a expensas del trabajador. El trabajador no puede ser un esclavo, debe estar bien atendido, con su familia", agregó Chávez en medio de la reunión, transmitida casi completamente en vivo por el canal del Estado.

La decisión de estatizar Sidor ha sido recibida con júbilo por los trabajadores. "Nos hemos quitado ese yugo de encima, el capitalismo salvaje. Ese consorcio hace mucho daño al país, el dinero se lo llevaban a Luxemburgo", dijo Rodríguez. De parte del Ejecutivo, la oportunidad ha servido para relanzar la Ley de Ordenación Siderúrgica que se quedó en el tintero del Tribunal Supremo de Justicia a la espera de que se le conceda el carácter de "orgánica".

Mientras tanto, trabajadores y empresarios del sector siderúrgico no ocultan sus temores en torno a la promulgación de esta normativa, Chávez ha adelantado que la intención es ordenar la industria, al tiempo que se propiciará la "toma de control" de Sidor en forma conjunta con los trabajadores.

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