Uribe-Farc: un diálogo entre sordos

AFP Una familiar de uno de los diputados secuestrados y asesinados, reclamando por su vida poco antes de la masacre.

María Teresa Ronderos
Bogotá, Colombia

El anuncio de la página virtual en la madrugada del 28 de junio sobresaltó a Colombia: una agencia de noticias cercana a las guerrillas de las Farc informaba que debido a un asalto de fuerzas militares desconocidas, once diputados de la Asamblea Departamental del Valle que estaban en sus manos desde hacía cinco años habían resultado muertos en el fuego cruzado.

Es difícil entender la profundidad del dolor que causó esta noticia en cada colombiano. En este país, donde el secuestro llegó a las epidémicas proporciones de diez al día hace un lustro, se conoce este delito en su forma más cruel, el "secuestro político", que es cuando las Farc no liberan al secuestrado a cambio de un rescate en moneda, sino una vez que el gobierno accede a sus demandas de despejar un territorio y devolverles allí a sus guerrilleros presos.

Como el gobierno de Alvaro Uribe no ha cedido a sus pretensiones, las campesinas Farc, impasibles, inconmovibles, dejan pasar los días y los años arrastrando a medio centenar de rehenes -entre políticos y militares capturados en combate- por las inhóspitas selvas, hasta que logren torcerle el brazo a su enemigo.

Un chantaje político vil nacido de una guerra que hace tiempo perdió todo sentido de justicia. Las esposas, los hijos, los amigos de los diputados del Valle, que habían puesto todo su empeño en preservar estas vidas, llegaron esta semana que pasó a nada. Un salto al vacío. Cinco años abogando ante el gobierno para que acceda a intercambiar a sus familiares por los presos de la guerrilla; años rogando a las Farc que se apiadaran, que los liberaran; meses esperando una prueba de vida; semanas yendo a media noche a hacer cola en el programa radial Las Voces del secuestro para contarles a sus parientes las últimas noticias familiares, rezando para que los estuvieran oyendo; días y días enviado cartas y dibujos de los niños, que crecían medio huérfanos, por medio de correos inciertos con la esperanza de que algún día les llegaran. Ruegos, rezos, llantos, para este final sin final, porque ni siquiera tienen los cadáveres.

Las Farc pidieron un respiro en la presión militar sobre esa zona selvática del Pacífico colombiano para poder entregar los once cadáveres a organismos de socorro. Quién sabe si la ira presidencial los deje. Quién sabe cuándo puedan los muertos y los vivos descansar en paz.

Ahora queda la zozobra de las demás familias y de los rehenes "políticos" aún en cautiverio: el único diputado del Valle sobreviviente (que según dijo la guerrilla no estaba con los demás), los otros legisladores hombres, los soldados y policías, las cuatro mujeres, Ingrid Betancourt, Consuelo de Perdomo, Gloria Polanco, Clara Rojas y su bebé, Emmanuel, nacido en la selva. Todos en riesgo enorme de que en otro encuentro militar terminen fusilados.

Uno quisiera tener la esperanza, aunque fuera remota, de que esta terrible masacre convenciera a las Farc de que por más todopoderosas que se sientan, amas y señoras de la Colombia marginada y profunda, no pueden garantizar la vida de los rehenes y deben liberar a los que aún sobreviven. Uno desearía que esta tragedia no fuese en vano y que marcara el punto de quiebre para que las Farc desistan de su extemporánea y estéril lucha armada. Son sueños vanos. Las Farc están curtidas de sangre y viven en un mundo aislado, desconectado, con el agravante de que el negocio de la cocaína les ha dado recursos para financiarse eternamente, si así lo quieren.

También es lejana la ilusión de que el gobierno acceda a una salida negociada que les permita a los cautivos -algunos de los cuales llevan hasta ocho años en este padecimiento- regresar a sus casas a salvo. El presidente Uribe cree sobretodo en la represión militar como camino para ponerle fin al conflicto. Este año su gobierno destinó la mitad del presupuesto público de inversión a las máquinas de guerra (3,3 billones de pesos, unos 1.600 millones de dólares). Pero ni los tanques, ni los helicópteros, ni los rockets garantizan la vida del medio centenar de colombianos a quienes las Farc les arrebató la libertad. Acaso las ponen en mayor riesgo.

La única luz en este lúgubre paisaje es el papel que puedan jugar la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional. Francia, Suiza y España están metidos de lleno en encontrar salidas. Hay grupos y ONGs que se están movilizando de nuevo para gritar su cansancio con la guerra, como lo hicieron bajo el liderazgo del hoy vicepresidente Francisco Santos, hace casi una década. Quizás la presión por dentro y por fuera convenzan a Uribe de que por sensatas que sean sus razones de Estado (ceder al chantaje guerrillero es empezar un círculo vicioso en el que las Farc seguirán secuestrando para liberar a sus cuadros y ganar, por esa vía, las batallas militares), el sufrimiento de los secuestrados y sus familias pasó hace rato los límites de lo tolerable.

Tal vez estas fuerzas nacionales e internacionales logren sacar al Secretariado de las Farc de su ceguera, y por un instante sus miembros se miren en el espejo en el que los ve el resto del país: unas fuerzas armadas retardatarias que violan toda ética de guerra con su trato atroz a la población civil desarmada.

Tendrán que hacer magia para que gobierno y guerrillas pongan el dolor de las víctimas por encima de cualquier consideración militar o política. Eso es algo que muy rara vez ocurre en Colombia.