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Sobre la "colombianización" de México

AFP
Noviembre de 2006: supuestos miembros de las Maras aparecen mutilados y enterrados en el municipio de Coyuca de Benitez, México.

María Teresa Ronderos
Bogotá, Colombia

Ya hacía un año que la violencia en México había arreciado como nunca antes se había visto. Pero el 7 de mayo de 2006 fue la tapa: miembros de las Maras al servicio del cartel del narcotráfico de Sinaloa-Pacífico arrojaron cinco cabezas de sus enemigos, los Zetas del cartel rival del Golfo, a la pista de baile de una discoteca de la ciudad de Urapán, en Michoacán. El escalofriante método de guerra, la decapitación, que adoptó el cartel de Sinaloa-Pacífico en su disputa del control del negocio con el del Golfo ha tenido varios episodios. Al frente de la Alcaldía de Acapulco aparecieron otras dos cabezas, y en un diario de Tabasco otra más fue dejada en una caja.

Fue así que en México se empezó a hablar con frecuencia de la "colombianización" del país, pues los macabros asesinatos y la creciente delincuencia recordaban el poder de los carteles de Medellín y Cali en los ochenta y sus cruentas guerras. Las Maras y los Zetas suenan igual que Los Machos de Don Diego y Los Rastrojos de Varela, que se enfrentaron a muerte en los últimos años en el norte del Valle. Pero no sólo eso. "Colombianizarse" evoca la debilidad del Estado frente al crimen organizado y la zozobra de la ciudadanía inerme.

Como en Colombia, la violencia producto del narcotráfico crece en México no sólo entre delincuentes, sino también contra quienes se atreven a combatirlo. Aunque aún no se han investigado y determinado causas exactas, los mexicanos calculan que unos 25 de los 38 periodistas asesinados desde 2000 han sido víctimas del crimen organizado. Y en mayo pasado fue asesinado José Nemesio Lugo Félix, el funcionario nombrado por el gobierno de Felipe Calderón para liderar las investigaciones de bandas dedicadas a la trata de personas, la pornografía infantil y la prostitución -todos delitos asociados o conectados al narcotráfico.

Sin embargo, como lo sostiene un periodista especializado en cubrir el tema, "muchos de los miembros de las corporaciones policíacas que han muerto en México -desde comandantes hasta policías comunes- no fueron atacados por sus actuaciones en contra del narcotráfico, sino por su complicidad con diferentes carteles de las drogas". La infiltración criminal de la policía en México ha sido complicada de evitar debido a que, a diferencia de Colombia, no existe una sola policía nacional, sino que cada Estado tiene su policía.

Tanto es así que, según han detectado autoridades colombianas, varios narcotraficantes emergentes en Colombia han emigrado a México porque han descubierto que allí es más barato corromper a la policía. "En Bogotá cuesta diez veces más caro sobornar a un comandante que en el DF", dijo un experto. El gobierno de Calderón metió al Ejército a combatir el tráfico ilegal, pero ha cometido errores que lo han dejado mal parado.

¿Qué disparó la violencia del narcotráfico en México? ¿Por qué de pronto empezó a adquirir las proporciones tremendas que alcanzó en Colombia? La explicación más poderosa es que México reemplazó a Colombia como el principal exportador directo de cocaína a Estados Unidos, y hoy ya abastece, según los cálculos siempre imprecisos sobre el tamaño del negocio ilegal, un 70% de las 300 toneladas métricas de cocaína que entran a ese país cada año. Hace cinco años, 9 de cada 10 narcotraficantes colombianos controlaban rutas directas de tráfico a Estados Unidos, hoy apenas 2 de cada 10 las tienen.

La represión de la droga en Colombia (fumigación masiva de cultivos, interceptación aérea y fluvial creciente, persecución de los jefes de los carteles, incautación de su bienes y el desarrollo de múltiples instituciones para detectar y perseguir el lavado de dinero) debilitó a los carteles colombianos e hizo que el negocio floreciera en México, donde los criminales tenían mayor libertad de acción y gozaban de la enorme ventaja de estar más cerca al gran mercado consumidor en Estados Unidos. La supremacía mexicana en el negocio es tal que las autoridades colombianas están arrestando un creciente número de mexicanos que traen ilegalmente millones de dólares a Colombia con el propósito de comprar cocaína que, saben de antemano, podrán exportar a Estados Unidos u otros mercados en Europa desde México.

En la medida en que los carteles mexicanos se fueron quedando con la tajada del león del negocio, la comercialización, y los colombianos volvieron meros abastecedores de la materia prima, la principal disputa violenta por el control de rutas se trasladó a México. Además, después del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos "selló" sus fronteras y el paso ilegal se ha hecho más costoso y difícil.

Esto encarece la droga, sube las ganancias y atiza la guerra por las pocas rutas disponibles. Incluso algunos expertos mexicanos consideran que sólo los dos carteles que hoy protagonizan la peor violencia, el de Sinaloa-Pacífico y el del Golfo, están aún exportando cocaína pura a Estados Unidos. Y aún así han tenido que buscar rutas vía Europa, aprovechando contactos con mafias rusas, por la enorme dificultad de atravesar la frontera.

Si México se ha "colombianizado" en el mal sentido (más violencia, corrupción, crecientes utilidades del narcotráfico, etc), también lo está haciendo en el sentido contrario. La larga y dolorosa experiencia colombiana de combate al narcotráfico le ha dejado valiosas lecciones que ahora está compartiendo con sus pares mexicanos. Así, autoridades colombianas están asesorando a las mexicanas en cómo desarrollar instituciones más fuertes para combatir el lavado de dinero, para expropiar bienes adquiridos con dineros del narcotráfico o, incluso, para combatir el secuestro, un delito que se ha generalizado en México muy de la mano del narcotráfico.

Además de esta colaboración entre autoridades mexicanas y colombianas, en los últimos meses ha comenzado el debate en México sobre la posibilidad de desarrollar con Estados Unidos algo similar al Plan Colombia que ideó ese país para la lucha contra la producción de cocaína en Colombia. No es probable, sin embargo, que llegue a tener la envergadura que tuvo el Plan Colombia.

El presidente Felipe Calderón propuso desarrollar un combate conjunto al narcotráfico con su vecino del norte, pero el Senado bloqueó la iniciativa. La sensibilidad mexicana frente a la posible injerencia de Estados Unidos en sus asuntos, y su peso político y económico propio, impiden que Estados Unidos imponga allí sus políticas antinarcóticos con el margen de maniobra del que goza en Colombia. El solo hecho de que en Colombia se hayan extraditado centenares de nacionales para que sean juzgados por narcotráfico en Estados Unidos, mientras que en México los extraditados se cuentan con los dedos de una mano, revela la diferencia.

Para los colombianos es difícil aceptar que en los demás países hablen de "colombianización" cuando se refieren a un incremento del crimen organizado y de la violencia. Sienten que Colombia es mucho más que eso y la utilización del verbo ofende. Es cierto. Sería más justo hablar de la "narcotización" de México, porque eso es, en estricto sentido, lo que está pasando: el narcotráfico creció en ese país y está extendiendo sus tremendos tentáculos y dejando su estela de sangre.

Pero si sirve de algo llamar "colombianización" a lo que ocurre hoy en México es para que su sociedad -y el gobierno de Estados Unidos- entiendan el enorme riesgo que el creciente negocio ilegal presenta para la democracia mexicana. En otras palabras, lo bueno de que México mire a Colombia como el espejo de lo que le puede ocurrir en el futuro es que no siga sus pasos equivocados al subestimar el poder corruptor y violento del narcotráfico y su capacidad de aliarse con grupos ilegales armados. Y que tampoco caiga en otro gran error en el que Colombia aún hoy persiste: no abrir sin tapujos el debate público sobre cómo lidiar con el narcotráfico y encontrar maneras propias, legales, culturales y políticas, de enfrentar el fenómeno.

María Teresa Ronderos es asesora editorial de la Revista Semana, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa y maestra de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Es autora de los libros Punch, una experiencia en televisión, (1992), Retratos del poder (2002), coautora de Como hacer periodismo (2002), y Poder y medios (2004).

Las opiniones expresadas aquí son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente están de acuerdo con los criterios editoriales de Terra Magazine.

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