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AFP
El ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, líder de la campaña nacional por el Voto Vital.
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María Teresa Ronderos
Bogotá, Colombia
En esta campaña electoral para elegir autoridades locales se puede apreciar con una nitidez pocas veces vista la gran paradoja de la democracia de Colombia, antigua y estable pero a la vez corroída y obsoleta. En el país profundo, de tugurios y poblados rurales atrasados, los ciudadanos sienten que sus gobernadores y alcaldes ya están elegidos de antemano por los políticos de siempre, que cosechan en elecciones la repartija que han hecho entre sus clientelas de cargos y contratos y trafican descaradamente con las necesidades de la gente pobre, comprándoles su voto por un mercado o unas medicinas. Es el círculo perverso del clientelismo: entre peores gobernantes son, la gente tiene menos acceso a los servicios básicos y peor calidad de vida, y más debe recurrir a ellos para que les resuelvan sus problemas con favores personales.
A ese viejo vicio de las clientelas se le ha sumado en los últimos años el de la violencia. Ya hoy sabemos que en las últimas tres elecciones -2002, 2003 y 2006- ha habido injerencia de guerrillas y, sobre todo, de paramilitares. Decenas de políticos de la Costa Caribe, y algunos al oriente del país, hicieron alianzas secretas con jefes paramilitares para que, a punta de amenazas y de fusil, prohibieran a sus críticos participar en el certamen; también amedrentaron a los ciudadanos y los obligaran a votar por ellos. Hoy hay 15 congresistas, dos ex gobernadores y muchos otros ex alcaldes y ex concejales y diputados presos por esta razón.
En un análisis minucioso que hizo la Misión de Observación Electoral (MOE) de estas elecciones anteriores, descubrió que en 328 municipios, casi una tercera parte de los que tiene el país, hubo pruebas de fraude electoral. El riesgo de trampa en estas elecciones persiste. Siguen las presiones armadas a muchos candidatos que han tenido que retirarse. Tanto así que a escasos 15 días de haberse iniciado oficialmente la campaña, ya han sido asesinados 50 aspirantes a diferentes cargos.
Varios políticos continúan manejando la campaña desde la cárcel. En Sucre, uno de los departamentos donde los paramilitares causaron sufrimientos enormes a la población con masacres y desplazamientos forzados, claramente con la complicidad de los políticos tradicionales, ya se comenta a viva voz acerca del Pacto de la Picota (la prisión nacional en Bogotá en la que están presos varios políticos), gracias al que se han designado quiénes serán los elegidos en octubre próximo.
Y las mismas autoridades de control han hecho pública una lista de 269 candidatos a las elecciones de octubre próximo que están inhabilitados para ocupar cargos públicos porque han recibido sanciones penales, disciplinarias, fiscales o porque han perdido su investidura en cargos anteriores. La ley dejó un ostensible vacío que permite que estas personas condenadas se presenten a las elecciones y las ganen. Luego vendrá una larga disputa judicial entre el Estado y ellos para lograr que no ocupen sus cargos.
La cosa no para allí. Colombia debe enfrentar esta situación de presiones violentas, candidatos inhabilitados, fraude electoral y clientelismo de la peor estirpe con un viejo sistema electoral que ha sido remodelado a medias. Su más alta corte, el Consejo Nacional Electoral, no está compuesta por magistrados independientes que dirimirán con imparcialidad cualquier disputa o esclarecerán cualquier intento de fraude, sino por representantes de cada movimiento político. Es de esperar que su función primordial sea la de proteger los intereses de su partido. En otras palabras, en las elecciones colombianas el sistema pone a los ratones a vigilar el queso...
Si el panorama fuese sólo éste, pues no nos quedaría sino apagar e irnos. Pero no es así. Convive con esa democracia desvencijada y corrupta, una viva, real, que se moderniza y actúa. Ella se refleja, por ejemplo, en el hecho de que por primera vez el Registrador, que es el gerente de las elecciones, haya sido elegido por las altas cortes judiciales por mérito y no por política. Esto ha llevado a un ex procurador cuya rectitud y coraje conoció el país cuando denunció un enorme fraude en las elecciones de Congreso de 2002 a ocupar este cargo, y ese funcionario está haciendo todo lo que le permite el sistema para blindar la legitimidad de las elecciones.
También expresa una democracia madura el hecho de que haya decenas de iniciativas ciudadanas para convocar al voto independiente, vigilar las elecciones e informar mejor. La MOE es precisamente un esfuerzo de diversas ONG, redes de veedurías ciudadanas, academia y consultoras privadas para vigilar muy de cerca el proceso electoral y alertar sobre trampas y presiones indebidas. El ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, lidera una campaña nacional por el Voto Vital que busca que los ciudadanos voten a conciencia. La alianza de organizaciones especializadas en los problemas públicos y medios de comunicación que había creado desde 2002 la página Votebien.com ha sumado a nuevos miembros y, además del sitio virtual que se especializa en investigar la financiación de campañas y el posible fraude y violencia frente a las elecciones, está adelantando debates entre candidatos en 13 ciudades.
Varias universidades de distintas regiones han establecido otra alianza de veeduría y análisis electoral. Estos miles de ciudadanos que se han movilizado para garantizar la transparencia de las próximas elecciones son la expresión más refinada de la Colombia que vota libre, que en elecciones anteriores ha demostrado que puede elegir gobiernos sintonizados con sus necesidades, como los de Bogotá, Medellín y Pasto, entre otras.
Como dice en el comienzo la novela de Dickens La historia de dos ciudades, Colombia vive frente a estas elecciones sus peores tiempos, de violencia, intimidación, fraude y cacicazgos de vieja estirpe, pero también sus mejores tiempos, de una ciudadanía que se organiza para elegir buenos gobiernos y sacar adelante a su país de la violencia y la desigualdad. Esa es la paradoja.
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