Tener petróleo en América Latina puede ser una maldición

AFP Operarios de la colombiana Ecopetrol reparan un oleoducto dañado en un ataque de las FARC, en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador.

María Teresa Ronderos
Bogotá, Colombia

En estos días, la empresa estatal petrolera colombiana Ecopetrol está celebrando el rotundo éxito de su iniciativa de vender el 10% de su capital a los colombianos. En sus planes originales su directorio calculó que unos 250.000 ciudadanos darían su cuota inicial para comprar 5,7 billones de pesos en acciones de la empresa. Pero la ronda de venta de estos títulos de valor que cerró el miércoles 26 de septiembre superó con creces las expectativas: 469.290 personas dieron su primer abono para comprar 6,6 billones de pesos en acciones (unos 3.300 millones de dólares).

El exitoso experimento, que sigue los pasos de otras experiencias, como la de la brasileña Petrobrás (cuyo 40% está en manos de compradores brasileños) revela cómo se recibe de bien entre la gente del común un mecanismo para democratizar la riqueza petrolera. Con el barril de petróleo a un promedio de 67 dólares este año, a los países productores de crudo en la región -en su orden de magnitud, México, Venezuela, Brasil, Colombia y Ecuador- les ha llegado una súbita danza de los millones. Pero los amargos antecedentes de los ciudadanos de esta región indican, con pocas excepciones, que de las bonanzas petroleras no les queda sino un país más endeudado, un Estado más corrupto y una riqueza más concentrada.

Así, en buena parte gracias a los hallazgos petroleros, Ecuador vio crecer su PIB entre 1972 y 1981 a un veloz promedio de 8% anual. Pero al final de este auge, el país increíblemente tenía un deuda externa 22 veces mayor. Y Venezuela, que recibió en una década entre 1973 y 1983, 600 mil millones de dólares por venta de petróleo, terminó en 1983 con un PIB más bajo que el de una década anterior.

Por eso es tan bienvenida la idea de que, a través de la democratización del capital de las empresas petroleras, se les entregue directamente a las personas parte de la riqueza que les está llegando a las petroleras estatales debido a los altos precios del crudo a nivel internacional.

Sin embargo, esta democratización vía venta de acciones al público puede no ser una medida democratizadora. En el caso colombiano, por ejemplo, aunque solamente podían comprar acciones de Ecopetrol individuos a título personal, nada les impide que luego las vendan a empresas. Y conociendo la altísima concentración en pocas manos de las acciones que se negocian en la bolsa colombiana, no es de extrañar que un puñado de empresas o grandes fondos termine quedándose con el porcentaje de capital vendido.

Es que la maldición del oro negro -o lo que la profesora Terry Lynn Karl llamó la "paradoja de la prosperidad"- tiene a muchos estudiosos del mundo preocupados. Según Martin Sandbu, profesor de la prestigiosa escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania, en Estados Unidos, que ha investigado a fondo el tema, el hallazgo de grandes depósitos de petróleo, gas o minerales resulta a la postre un desastre para los países, pues deprime el desempeño económico de otros sectores de la economía y debilita las democracias.

Explica Sandbu cómo se ha demostrado que grandes hallazgos petroleros han producido en el mundo gobiernos más corruptos por tres razones: primero, como el petróleo entra directamente a las arcas del gobernante, éste no requiere aprobación de los ciudadanos para gastar, como sí sucede cuando el gobierno vive sólo de los impuestos que cobra a los ciudadanos; segundo, una vez que tiene los recursos, el gobernante tiende a gastarlos para conseguir respaldo político y no para resolver problemas de interés público; y tercero, con semejante renta en sus manos, los poderosos reciben todos los incentivos contrarios al buen gobierno: falta de transparencia, pretensión de silenciar a quién quiera vigilar su gasto, sensación de que el dinero no es público sino propio, etc. "El petróleo desata una especie de fiebre salvaje por controlar las rentas fáciles que produce", sonstiene el profesor.

En Colombia, los casos de los departamentos de Arauca y Casanare, que han recibido durante una década recursos multimillonarios por las regalías petroleras que les corresponden por los enormes hallazgos de crudo en su subsuelo, confirman la teoría. Han obtenido mucho más dinero per cápita que cualquier otra región del país. Casanare recibe hoy, en regalías petroleras, alrededor de 4.000 dólares por familia al año. Sin embargo, gran parte de la población sigue marginada, con baja educación y sin acceso a servicios, las carreteras son un desastre y el lugar se ha llenado de elefantes blancos como pistas de patinaje, piscinas con olas, megahospitales que no funcionan, etc. Muchos de quienes han sido sus gobernantes hoy están presos por corrupción o asociación con grupos violentos, o están siendo investigados por malos manejos de los recursos públicos.

Por eso la propuesta más radical para conseguir que las bonanzas petroleras sí le lleguen a la gente y no contribuyan a debilitar su poder frente al del gobierno, sino más bien a fortalecerlo, es la de entregarle la riqueza del pueblo. Es decir, que por ejemplo Casanare ponga sus regalías en un fondo que le distribuya a cada familia sus 4.000 dólares al año. Y luego sí -siguiendo la teoría de Sandbu- les imponga impuestos para que el gobierno pueda construir todos los bienes colectivos, como educación, salud, vías, seguridad, etc. Aun si a través del cobro de impuestos el gobierno le saca a la gente casi todo el dinero que antes le repartió, el ciudadano ya sabe cuánto dinero entró y como siente que es suyo y lo pagó en impuestos va a exigir mejores resultados de sus gobernantes. El dinero del petróleo que quede en manos de la gente pobre, además, va a ser mucho mejor administrado.

El estado de Alaska (Estados Unidos) reparte así, directamente a sus habitantes, sus ingresos petroleros, algo que, según los estudiosos, ha dado muy buenos resultados. Algo similar podrían hacer los países de América Latina, buscando, claro, la manera más transparente y técnica de hacerlo. De este modos, calculando un promedio de cinco miembros por hogar, a cada familia ecuatoriana le hubiera tocado unos 240 dólares por mes durante el primer semestre de este año, y a cada hogar venezolano le hubiera correspondido en 2004 unos 5.600 dólares. Quienes tuviesen una economía doméstica más holgada seguramente hubieran tenido que devolver todos los petrodólares al gobierno vía impuestos. La diferencia es que, al pasar por las manos del ciudadano, se hubiera fortalecido el principio democrático de que el gobierno no puede gastarse la riqueza pública sin el control de la gente. Y darle ese poder a la ciudadanía es una sana vacuna contra las veleidades mesiánicas que despiertan en los gobernantes los millones del oro negro.