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Antonio María Delgado
Miami, Estados Unidos

Los candidatos demócratas con las mayores opciones para ganar la Casa Blanca en las elecciones de este año han entonado diferentes versiones de una misma canción en lo que concierne el controversial tema de la inmigración ilegal de Estados Unidos. Y si bien la melodía varía ligeramente de uno a otro candidato, las baladas parecen contar con la misma letra.

No obstante, la situación es muy diferente dentro del campo republicano, donde las diferencias de posiciones van de un extremo al otro, con algunos a favor de una expulsión masiva de trabajadores indocumentados y otros hablando sobre la necesidad de llegar a algún tipo de arreglo.

Independientemente de la identidad del ganador de la contienda electoral, lo que sí está claro es que el próximo presidente probablemente tomará enérgicas medidas para detener el flujo de miles de inmigrantes que ingresan al país todos los años, con el incremento del número de agentes que patrullan la frontera con México.

Lo que sí está en juego es si el próximo mandatario también estará a favor de una reforma a la ley de inmigración que ampliará el camino hacia el ingreso legal de trabajadores y normalizará el estatus legal de los más de 12 millones de trabajadores indocumentados que ya se encuentran en este país.

Los tres candidatos con las mayores opciones de ganar la nominación del Partido Demócrata han expresado sus intenciones de hacer precisamente eso, siempre y cuando los trabajadores indocumentados cumplan con una serie de requisitos, incluyendo el pago de multas por haber ingresado ilegalmente.

Pero también están de acuerdo con los contendientes del Partido Republicano en la necesidad de redoblar la seguridad en la frontera, señalando que no hay forma de resguardar la seguridad de los estadounidenses de posibles ataques terroristas si las autoridades no tienen registro de quienes deambulan libremente por las calles.

"Es inconcebible que en un mundo post 11 de septiembre nosotros no sepamos exactamente quien entra y sale de nuestro país. Nuestra seguridad nacional requiere que registremos la identidad de todos los que cruzan nuestras fronteras. Al reformar nuestro averiado sistema, todos nuestros esfuerzos deben ser multifacéticos y exhaustivos", comentó la senadora Hillary Clinton, quien hasta inicios de esta semana ocupaba el segundo puesto en la contienda por conseguir la nominación del Partido Demócrata, con un total de 21 delegados electorales reunidos.

Su principal rival dentro de su partido, el senador afro americano Barack Obama (quien actualmente lidera la contienda Demócrata con 34 delegados) señala que virtualmente todos los estadounidenses están de acuerdo en que esta es una necesidad si el país pretende defenderse de ataques terroristas como los ocurridos en 2001 y resalta que un mayor control en la frontera es necesario porque bajo las actuales circunstancias muchos de los inmigrantes ilegales están poniendo sus vidas en riesgo cuando intentan ingresar al país a través del desierto.

Por otro lado, el senador sostiene que cualquier esfuerzo por reformar el sistema de inmigración debe incluir alguna fórmula que permita regularizar la situación de los más de 12 millones de personas indocumentadas que viven y trabajan en este país. "Es absolutamente esencial que extraigamos a esas familias de las sombras y que les demos la oportunidad de recorrer el camino hacia la ciudadanía". Ese camino requeriría que el inmigrante ilegal pague una multa, no se haya involucrado en actividades delictivas y esté dispuesto a aprender a hablar inglés.

Esa opinión es muy parecida a la de Clinton y a la del ex senador John Edwards, quien ocupa el tercer puesto por la nominación Demócrata con 12 delegados reunidos. "Creo que a los inmigrantes deberían darles la oportunidad de ganarse la ciudadanía estadounidense. Digo ganarse porque quiero decir ganarse. Creo que si entraron aquí ilegalmente, entonces deberían tener que pagar una multa", comenta Edwards.

Y lo que es curioso, ese discurso es muy parecido al entonado por el senador por Arizona, John McCain, quien hasta ahora encabeza la contienda por la nominación del Partido Republicano (32 delegados). "¿Qué debemos hacer con las 11 millones de personas que ya se encuentran aquí? Hacer que se ganen la ciudadanía, porque ellos violaron nuestras leyes. Mis amigos, eso no es amnistía. La amnistía es perdón y no estamos perdonando nada".

El Partido Republicano, que tradicionalmente ha adoptado una línea mucho más conservadora, mantiene una posición mucho más dura hacia el inmigrante indocumentado, con la excepción de McCain, quien ha sido una importante voz a favor del cambio dentro de su organización política. El senador, uno de los auspiciantes de la fracasada reforma a la ley de inmigración, está a favor de adoptar un programa de trabajadores temporales que le daría un estatus legal a los inmigrantes en puestos de trabajo que no pueden ser ocupados por estadounidenses.

Pero su posición dista mucha de la expresada por su más cercano rival dentro del Partido Republicano, Mitt Romney, quien le pisa los talones con 27 delegados. El ex gobernador de Massachusetts se ha pronunciado en contra de brindarle a los indocumentados que ya habitan en el país la posibilidad de convertirse en ciudadanos.

"En mi opinión, tenemos que resguardar la frontera, eso es lo primero. Tenemos que adoptar un sistema para verificar que los trabajadores puedan trabajar legalmente, eso es lo segundo, y lo tercero es que debemos decirle a los que están aquí ilegalmente que hagan la fila para entrar como lo hace todo el mundo. Ustedes no van a tener una puerta especial de ingreso, ni ningún tipo de ventaja -por haber ingresado aquí ilegalmente- para convertirse en residentes permanentes", dijo Romney.

El ex gobernador está a favor de emitir tarjetas biométricas de identificación a los no cuidadanos que residen en el país, al igual que recortar el financiamiento federal a ciudades que no puedan hacer cumplir con las leyes de inmigración.

Y bajo una administración del ex gobernador del estado de Arkansas, Mike Huckabee, el gobierno estadounidense le daría a todos los inmigrantes ilegales 120 días para que se registren y abandonen el país, para luego pasar a hacer la fila con el resto de personas que están deseosas de ingresar legalmente. "No deberíamos tener una amnistía, para decir, okay, muy bien, vamos a dejarlo así. Necesitamos un proceso donde la gente pueda pagar sus penalidades, dar la cara y aceptar la responsabilidad de no estar aquí legalmente", comentó.