Uribe, preocupado por el papel de la Corte Suprema

EFE Policías vigilan la sede de la embajada de Costa Rica en Bogotá, luego de que el ex senador colombiano Mario Uribe Escobar pidiera asilo político en esa sede diplomática.

Antonio Morales Riveira
Bogotá, Colombia

Treinta y tres congresistas en la cárcel, sesenta y dos investigados por la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía, varias decenas más en la mira de la Justicia colombiana (entre ellos, el primo del propio presidente, Mario Uribe Escobar, ex presidente del Congreso, que ya pidió asilo político en Costa Rica)... En cualquier lugar del mundo que no fuera Colombia, las cifras de la más grande crisis institucional que haya vivido un país "democrático" habrían producido terremotos políticos que hubieran convertido en ruinas a los partidos involucrados. Y ni hablar del Presidente de la República, beneficiario directo de esos partidos en términos electorales.

Pero no, estamos acá en el psicotrópico, en el reino del teflón instituido por Álvaro Uribe Vélez. Ya no solamente a él no se le pega nada de la corrupción y la criminalidad de sus huestes, sino que el "teflonismo" se ha amparado de sus partidos, de sus congresistas. Con un Congreso desbaratado y a punto de ser totalmente desmantelado, todo sigue igual, se siguen inventando reformitas constitucionales y políticas inocuas para paliar la crisis, y el poder uribista, salpicado de paramilitarismo, continúa incólume. Amparado en un 84% de favorabilidad en las encuestas, con un país supuestamente feliz con el crimen, la mafia y la impunidad.

Claro que todos los congresistas presos e investigados están involucrados en relaciones con el paramilitarismo de extrema derecha, hoy supuestamente desmovilizado, relaciones que van gradualmente desde la conformación y orientación de esos grupos, que produjeron no menos de 40.000 muertos en los últimos años, hasta la elección forzada por el apoyo armado de las entonces llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Y no son cualquiera los congresistas implicados. Jefes de los partidos uribistas como el de la U, la presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez, el primo del presidente, senador Mario Uribe, el político de turno que lo reemplazó en su curul cuando se fue para la cárcel, y que también está en prisión, e influyentes caciques regionales.

Hace seis años, el jefe de los paramilitares, entonces en trance de desmovilización y hoy detenido, Salvatore Mancuso, lo había dicho. Y a muchos les parecía un delirio: "tenemos el 30% del Congreso", aseguró sin pelos en la lengua. Pues como van las cosas, ya ese porcentaje ha sido superado. Y como se dice justamente en materia electoral, "faltan datos de otros municipios"...

En todo este asunto lo más sensato hubiera sido, por lo menos, forzar la pérdida de las curules para los partidos con congresistas presos, pero no, el teflón opera y hasta ahora el que se va a la cárcel es reemplazado por otro, elegido por muy pocos votos del remanente electoral. Y ahora, ¡los reemplazantes, comienzan a partir hacia la prisión!

No pocos de los congresistas ya implicados, y algunos condenados a penas mínimas de prisión, han prendido el ventilador, de tal modo que la bola de nieve contenida por una especie de pacto de silencio, de "omertá" a la colombiana, se ha roto. Y fluyen los señalamientos. Y el exabrupto final, la gran embestida de la desinstitucionalización definitiva del país, ya ha sido propuesta por el gobierno: como la Fiscalía y la Corte Suprema, mal que bien, han operado correctamente contra la llamada parapolítica, en una propuesta que raya en lo dictatorial, el gobierno nacional ha puesto sobre el tapete la creación de un nuevo tribunal que reemplazaría a la Corte y a la Fiscalía, tribunal nombrado a dedo directamente por el presidente Uribe. Es decir, una cortecita de bolsillo, para arreglar el asunto y para dejar contento el Ministro del Interior Carlos Holguín, quien ya pidió a los tribunales actuar con menos severidad. Todo pasaría por un reformita a la Constitución que permita crear la nueva corte amañada.

Si, ya lo sé, los lectores de Terra Magazine en el mundo hispano estarán pensando que este Morales es un mentiroso, que no se puede llegar, en un régimen democrático, a componendas y engendros de este tipo para evadir la Justicia. Pero no, señoras y señores en Argentina, en México, en España, en Ecuador, en Chile, etc.: el gobierno de Uribe quiere acabar con la rama judicial, defender la institución bicameral del Congreso, hoy a mitad podrida, y todo bajo el supuesto de no generar una crisis institucional como la que implica la prisión para todos esos congresistas. Pero, ¿qué mayor crisis que romper la separación de poderes, crear aparatos "judiciales" dependientes del Palacio Presidencial y brincarse la Constitución, dentro de la Constitución?

El coro uribista ya ha aplaudido la propuesta presentada a Uribe por un oscuro ex vicepresidente, Humberto de la Calle. Aparentemente van a consultar, a ver si el país se traga este "sapo" ilegal e ilegítimo. Pero ya sabemos cómo opera el poder absoluto del uribismo, como lo hiciera para hacerse reelegir, cuando compró el voto de la ex representante a la Cámara Yidis Medina, quien terminó votando -a cambio de puestos- el sí a la reelección de Uribe. Escándalo que acompaña por estos días al de la parapolítica, ya que la ex representante prendió su propio ventilador al señalar directamente al presidente y a su anterior ministro del Interior Sabas Pretelt en una entrevista al periodista Daniel Coronell del telenoticiero Noticias Uno. "No me cumplieron", dijo Yidis.

La reforma hacia la impunidad en principio sería presentada el próximo 20 de julio. ¿A quién? Pues al mismo Congreso, que aunque diezmado mantiene las absolutas mayorías uribistas. Sí, da risa, lo sé. ¡Pero es así! La propia presidenta del Congreso, investigada por parapolítica, ya le dio la bendición al engendro: "se necesita un ajuste más profundo", sostuvo. El presidente del partido de la U, Carlos García Orjuela (también investigado y no lejos de ir a la cárcel), afirmó que "se necesita una reforma de fondo que la parapolítica (por lo cual es investigado) impide".

Otras voces condenaron de inmediato la propuesta: los liberales consideran que es una barbaridad y un atropello al Estado de Derecho, y la izquierda del Polo Democrático Alternativo, en cabeza de su presidente Carlos Gaviria, también se pronunció: "es cuestionable que el presidente Uribe empiece a influir en la órbita de la Corte Suprema, porque los fallos que esta corte emite, independientes como evidentemente son, no se ajusten a sus propósitos políticos". Y se espera el pronunciamiento de la propia Corte Suprema.

Los paramilitares y sus secuaces políticos "legales" se tomaron el poder a la brava, comprando, intimidando, matando... Y aún hoy, esos grupos aparentemente desmovilizados se han rearmado y organizado nacionalmente: se hacen llamar las Águilas Negras. De nuevo truenan los fusiles y de nuevo manejan el negocio del narcotráfico. Y de nuevo elegirán un Congreso igual al de hoy en el caso de que Colombia no desmonte definitivamente la estructura mafiosa que lo gobierna en no pocas regiones del país.

Por ahora la única decisión, además de sacarle el quite a la Justicia, parece ser acabar con la posibilidad de que los partidos reemplacen en el Congreso a sus parlamentarios presos. Se habla de la teoría de la "silla vacía", es decir, que el partido pierde definitivamente la curul de quien va a la cárcel. Con ello se evitarían nombrar reemplazos que harían el mismo tránsito hacia las rejas. Pero el riesgo de que noventa o cien congresistas vayan a la cárcel y queden sus sillas vacías es casi un hecho. Por eso se han inventado la reformita y el tribunalito, para cortar de raíz el desmantelamiento. A punta de impunidad.

Desde luego, en todas estas materias la única reforma de verdad sería convocar a una Asamblea Constituyente que definiera en justicia y en normatividad los caminos a seguir. Pero los antecedentes no son buenos para el gobierno de Uribe. Ganador de dos elecciones presidenciales, el actual presidente perdió al inicio de su primer mandato un referendo con el cual pretendía reformar la Constitución de manera profunda. Por eso al Gobierno tampoco le suena la revocatoria del Congreso ni el llamado a nuevas elecciones. Hoy por hoy, y con la mancha paramilitar que cubre el uribismo, el 84% de favorabilidad en las encuestas no necesariamente se traduciría en un 84% de votos para refrendar el proyecto de la Seguridad Democrática. ¿Cuantas veces hay que capar al perro?

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