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EFE
Salvatore Mancuso Gómez, uno de los ex comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) extraditados a Estados Unidos por el Gobierno colombiano, es escoltado por agentes de la DEA.
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Antonio Morales Riveira
Bogotá, Colombia
La decisión del presidente colombiano Álvaro Uribe de extraditar a los Estados Unidos a catorce grandes capos del narco-paramilitarismo ha producido en este país no falto de sobresaltos una nueva y enorme convulsión y reacciones polarizadas. Prácticamente acabó de un tajo grandes problemas para el Gobierno, dejó en el desamparo a las víctimas del paramilitarismo y amenaza con poner en el tacho de basura importantes procesos judiciales, como el de la llamada parapolítica, que ha vinculado a decenas de congresistas al pavoroso fenómeno del paramilitarismo.
Los capos que se encontraban en prisiones colombianas, encabezados por su jefe Salvatore Mancuso, fueron enviados en la madrugada del martes 13 (¿coincidencia o magia?) a Miami y distribuidos en diversas cárceles de los Estados Unidos para ser juzgados únicamente por narcotráfico. De entrada, los gringos no se meterán en averiguaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y demás atrocidades cometidas por los paras. Y aunque seguramente pagarán condenas mucho mayores a los cinco o seis años que deberían purgar en Colombia por los miles de asesinatos cometidos, su juzgamiento se aplazaría diez o veinte años, cuando teóricamente volverían a Colombia una vez pagada la pena.
Mientras tanto, son varios los procesos que quedan definitivamente sepultados o heridos de muerte. Para empezar, el propio proceso de juzgamiento de los paras que se entregaron en 2002 y 2003 (el llamado "Proceso de Justicia y Paz"), y que desde un principio nació muerto, como hoy lo comprobamos. Las leguleyadas y fintas hechas por el gobierno colombiano permitieron que los paras recibieran condenas máximas de ocho años con derecho a rebajas, al punto de que varios de ellos ya estarían cerca de ser excarcelados. Buena parte del país había recibido con asombro dicho tratamiento para los autores intelectuales de los hechos más inicuos de la historia reciente. Y aunque queda un puñado de capos de los cuales varios igualmente serán extraditados, el asunto "de Justicia y Paz" fenece por pura sustracción de materia. Ni la justicia ni el gobierno colombiano fueron capaces de conducir un proceso justo, con verdad y reparación a las víctimas. Y aunque el Gobierno ha insistido con que en Estados Unidos podrán actuar los fiscales colombianos, la tradición con ese país demuestra que, en muchos casos anteriores, los gringos juzgan a su conveniencia y todo queda allí.
Todo esto implica que, para empezar, la tan esperada verdad sobre los crímenes de los paras, sobre gran cantidad de asesinatos y sobre ubicación de fosas se ha ido al traste. Y ni hablar de la reparación a las víctimas. Una vez en los Estados Unidos, los jefes paras seguramente no hablarán más sobre el tema y se dedicarán a defenderse de los cargos de narcotráfico. La verdad ha sido sepultada prácticamente para siempre con esta decisión nocturna de Uribe. El gobierno, quizás a sabiendas de que de parte los paras extraditados solo habrá silencio, ha dicho que son los mandos medios aún encarcelados quienes están contando la verdad. Pero en efecto, lo poco que se ha sabido ha venido de los hoy extraditados.
Otro proceso, el de la llamada parapolítica, que hasta ahora tiene en la cárcel a más de treinta congresistas e investigados a más de sesenta, todos ellos uribistas, parece definitivamente enterrado. Eran justamente estos capos quienes habían prendido el llamado "ventilador" con el cual involucraron con la investigación a una cuarta parte del Congreso. Aunque quisieran seguir ventilando el asunto, allí están los gringos y sus relaciones con Uribe para bajarle el perfil a ese proceso. Y más grave todavía: el país esperaba que el paso siguiente a la parapolítica fuera involucrar al proceso a otros sectores, como el de los empresarios que fundaron o colaboraron con el paramilitarismo, y a grupos importantes de las fuerzas armadas que armaron, condujeron y potenciaron a los paras. Si se ha cerrado la puerta para la vinculación de los políticos y para el acopio de acerbo probatorio contra los ya inculpados, la doble llave ha sido echada en el caso de los ricos colombianos que fueron cómplices de las masacres y de los socios militares de las llamadas autodefensas. En todo esto, del Norte sólo tendremos silencio.
De otro lado, con su decisión -y ante viejas sospechas y denuncias no probadas hasta hoy- de que no sólo sus congresistas, sino el propio Uribe tendría vinculaciones con los paras, con esta extradición colectiva, el Presidente colombiano limpia su imagen ante la atontada y manipulada opinión nacional, cuya primaria reacción será la de asumir que Uribe nada tuvo que ver con este proceso que lleva ya más de veinte años, en vista de que tuvo el coraje de extraditar a los jefes paras. Pero como lo veremos más adelante, en todos estos asuntos cabe la duda y la posibilidad de que existan pactos ocultos que garanticen silencios o acomodamientos.
Igualmente, Uribe le ha propinado con su decisión un nuevo golpe a la Corte Suprema de Justicia, que pretendía parar las extradiciones precisamente para garantizar que los paras contaran en Colombia la verdad, se encontraran los muertos y se reparara con sus bienes ilegales a las víctimas. Ello, a ojo de buen cubero, parece hoy imposible. Justamente hace una semana fue extraditado otro jefe paramilitar, "Macaco", a quien la Corte veía como posible fuente de revelaciones. Esta medida, tomada hace ocho días, fue de alguna manera una jugada de Uribe para probar las reacciones nacionales (que fueron parcas y casi condescendientes), cuando en su cabeza ya estaba tomada la decisión de enviar a Mancuso, "Jorge 40", "Don Berna" y demás asesinos a los Estados Unidos.
La Corte, además, debió plegarse a la legitimidad de la extradición aprobada hace varios años y en otro contexto (cuando Uribe no se atrevía a enviarlos vaya uno a saber por qué razones) por los propios magistrados. El país sabía que los paras nunca dejaron de narcotraficar y de reactivar sus estructuras criminales, pero solamente hasta hoy Uribe afirma que esa fue la causa de la extradición. Cuando le convenía para cerrar la puerta al escándalo de la parapolítica y ponerle cortinas de humo a otros eventos turbios, como la compra de una representante, Yidis Medina, para que votara a favor la reelección del Presidente. Y aún anda por ahí la tristeza del Presidente (y la ira) por la detención de su primo, el senador Mario Uribe, acusado por los propios jefes paras. ¿Venganza?
En lo referente a las magníficas relaciones de Uribe con George W. Bush, el envío de los paras aceita la maquinaria de esa gran amistad, le da puntos a Bush en plena campaña presidencial, o sea beneficia al candidato republicano Mc Cain (¿Hillary es Abel?), y de paso puede beneficiar una hasta hoy negada aprobación del Tratado de Libre Comercio con Colombia, en la cual se ha empeñado Uribe con toda la fuerza y Bush con todos los errores, como aquél de presionar a un Congreso mayoritariamente Demócrata que no acepta el asesinato de 24 sindicalistas en Colombia en el último año.
Detrás de todo el asunto cabe preguntarse cómo podrían haber sido los pactos que parecen sobrevolar todo este rocambolesco acto judicial internacional. ¿Se dio un pacto entre Uribe y los Estados Unidos para salir del problema de la parapolítica, garantizar ciertas condenas a los capos, beneficiar la política anti- narcóticos gringa y de contera a Bush, y no juzgar los crímenes por terrorismo de los paras? ¿Las fuentes de información norteamericanas sobre todos los lazos de los paras y el poder en Colombia, y el temor a lo que los gringos saben y a posibles acciones judiciales, hicieron que el argumento de la extradición ganara la partida? ¿Se dio un pacto entre Uribe y los propios jefes paramilitares para buscar una salida ajena a los tribunales internacionales, con condenas sólo por narcotráfico? ¿Qué más sabían los paras? ¿Apagar las llamas de la parapolítica fue producto de una concertación con los comandantes paras? ¿Se benefician realmente con la extradición? ¿Se dio un pacto entre los jefes paramilitares y los Estados Unidos para ser tratados con una cierta indulgencia en materia de narcotráfico, detener la parapolítica que socava al régimen de Uribe, contar todo en materia de cocaína y nada en materia de masacres y asesinatos con motosierra?
Desde luego, los pactos secretos son eso, pactos ocultos, y de ello quizás, como en el caso de las víctimas, jamás sabremos la verdad. De todos modos, los capos extraditados no se mostraban de modo alguno contentos en el avión rumbo a Miami, y hasta uno de ellos, "Jorge 40", le nombró la madre a Uribe y dijo haber sido traicionado. Si bien pudo haber una traición a algún pacto del cual nunca supimos ni nunca sabremos demasiado, a los capos se les fue de las manos una condena súper benigna en Colombia: podían seguir narcotraficando y montando grupos armados y asistiendo a carnavales mientras estaban "presos". En las cárceles gringas solo podrán pactar y conspirar con los propios gringos. Y aguantarse prisiones de alta seguridad y penas mayores que las pactadas en Colombia.
A todas estas, de ser cierta la versión gubernamental de que no hubo ni hay pactos, que todo fue un ejercicio legítimo de enviar los Estados Unidos a unos bandidos que seguían delinquiendo, que no reparaban y no decían la verdad, cabe preguntarse qué será de las renovadas estructuras paras, como las llamadas "Águilas Negras", que andan por los campos colombianos. ¿Pondrán los jefes paras sus viejas y nuevas tropas en orden de batalla contra el "traidor" gobierno colombiano? Siendo sustancialmente narcotraficantes y con las Farc metidas en el mismo negocio, ¿unirán esfuerzos? Si esto fuera paradójicamente posible, otro gran pacto y negocio tendría que oponérseles: el de una base militar norteamericana en la Guajira colombiana, al lado de Venezuela, que reemplace a la de Manta en Ecuador. Y que siga volando la cocaína y la guerra andando.
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Terra Magazine