Uribe y la guerra antidrogas "vietnamizada"

EFE La superficie sembrada con plantas de coca creció un 27% en Colombia, 5% en Bolivia y 4% en Perú, según cifras difundidas por Naciones Unidas.

Javier Darío Restrepo
Bogotá, Colombia

Las cifras de Naciones Unidas fueron buenas hace dos años, cuando, según la medición de las áreas sembradas de coca, se había pasado de 160.000 hectáreas en 1999 a 78.250 en 2006, una reducción del 52%. Para obtener ese resultado se habían fumigado 172.025 hectáreas y se habían erradicado manualmente 41.345. Pero esta semana, cuando el mismo organismo coordinado por Naciones Unidas, el SIMCI (Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) notificó a Colombia y a Estados Unidos que los cultivos cubren 99.000 hectáreas, o sea un crecimiento del área del 27%, las cifras produjeron la indignación del presidente Alvaro Uribe. La Dirección de Estupefacientes ha empezado a estudiar la suspensión del convenio con el SIMCI y se repitió la escena bochornosa de la salida del director del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica) al publicar estadísticas de desempleo que tampoco le gustaron al gobierno. Pero estas molestias de funcionarios son un dato menor frente al hecho de que, a pesar del persistente fracaso de las políticas antidrogas, los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos insistan en su misma derrotada táctica de lucha.

Táctica derrotada

Una de las primeras mediciones de área sembrada dio por resultado las 8.000 hectáreas de 1985; dos años después eran 13.000. Las aspersiones químicas se estaban aplicando sin resultados a pesar del entusiasmo con que el gobierno de Belisario Betancur las había incorporado al arsenal de la lucha contra las drogas. Usadas con relativo éxito en México y Jamaica, cambiaron de nombre en esos años. Primero fue el Paraquat, después el Garlon 4 y finalmente el Glifosato.

En 1992, la guerra química contra los cultivos se aprobó "de modo experimental". Hasta ese momento el número de hectáreas sembradas no había disminuido a pesar de la lluvia de glifosato esparcida entre 1984 y 1985, que fue de 11.418 galones. La historia que siguió fue la de de una singular batalla entre unos comandos antidrogas armados de aviones, químicos y dólares, y unos narcotraficantes al mando de brigadas de campesinos que reemplazaban los cultivos destruidos y protegían, camuflándolos, los que no habían sido asperjados.

Año tras año, las cifras se convirtieron para los gobiernos en partes de derrota. En febrero de 1999 el Departamento de Estado reportó, en febrero, la existencia de 17.900 hectáreas sembradas de coca en el Putumayo; en el mes de septiembre de ese mismo año, la cifra casi se había duplicado: eran 36.000 hectáreas. A medida que aumentaron los recursos y arreció la lluvia de químicos, llegaban los reportes desconcertantes: en Antioquia, entre el 2001 y el 2006, el área sembrada de coca creció de 3.171 hectáreas a 6.156, y en Nariño aumentaron en un 30%. Mientras tanto, se habían invertido en los últimos siete años 5.000 millones de dólares.

En marzo de 1998, The New York Times había comentado: "ni el gobierno colombiano ni el de los Estados Unidos quieren ofrecer programas agrícolas a las regiones que se creen bajo influencia guerrillera". Al problema de las drogas se sumaba el de la guerrilla. En efecto, cuando se propuso el Plan Colombia, se contemplaron tres escenarios posibles:

1.- El escenario Vietnam: intensificación de la guerra; renovación del material bélico y batallones antinarcóticos.
2.- El escenario Capitolio de Washington: en el Congreso de Estados Unidos se propuso la destrucción masiva de sembrados y de laboratorios que dejarían a la guerrilla sin recursos y a los narcos sin materia prima. El ingenuo e irreal final feliz preveía guerrillas en conversaciones de paz y narcos yéndose con su coca a otra parte.
3.- Con intervención de países europeos, inversión social y protección de los derechos humanos, más gestiones del gobierno colombiano para impedir el agravamiento de la guerra.

Prevaleció la alternativa Capitolio, se intensificaron las aspersiones, llegaron helicópteros y asesores militares y apareció la realidad que la semana pasada querían desconocer el gobierno y sus mentores estadounidenses: el aumento del área sembrada de coca, después de la fumigación, durante 12 años, de 1.200.000 hectáreas; y la multiplicación de los efectos nocivos de las aspersiones.

Aspersiones mortales

En junio de 1998, en vísperas de la Asamblea de las Naciones Unidas, su secretario general recibió una carta firmada por personalidades de todo el mundo en la que se destacaba que, tal como se planteaba la guerra contra las drogas, "estaba causando más daño que beneficios".

Los propios laboratorios productores de los químicos les daban la razón, como lo expuso el ministro de Salud de Colombia en un debate celebrado en 1984, cuando mostró las advertencias impresas en los envases del herbicida: cuando el glifosato se aplica para destruir las malezas, deben protegerse los cultivos con plateado y pantallas protectoras; en caso de intoxicación, lo indicado es llamar de inmediato al médico; y es un producto que debe tenerse fuera del alcance de los niños, de los animales domésticos y lejos de los alimentos.

Una investigación en toxicología acuática y ambiental de la Universidad Nacional de Colombia comprobó que el glifosato altera el sistema nervioso y el envenenamiento de la sangre que provoca "lleva a que el individuo no capte oxígeno ni pueda respirar adecuadamente". Los experimentos, anotan los investigadores, se hicieron con "un glifosato menos tóxico que el utilizado para fumigar cultivos ilícitos".

Colombia recordó hace poco la historia de la rebelión de los cocaleros del Guaviare, hace diez años. Es la misma que se acaba de vivir en Tarazá. Cuando los campesinos pidieron garantías y ayuda, la respuesta oficial fue el envío de escuadrones armados en los dos casos. Tras el repetido fracaso de la política represiva contra la droga, a pesar de la contundencia de las cifras que demuestran la inutilidad de las fumigaciones, aún parece distante el momento de la lucidez. El país ha hecho memoria en estos días: cuando un grupo de autodefensas de campesinos, comandado por Manuel Marulanda en 1964, pedía una escuela, una carretera y un centro de acopio que hubieran podido construirse con 5.000 dólares de entonces, la respuesta aconsejada y asesorada por Estados Unidos fue el envío de tropas, helicópteros y bombarderos, como en Vietnam. En la guerra contra las drogas sigue ocurriendo lo mismo.

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